En Panamá, el sistema judicial está diseñado para garantizar la equidad en los procedimientos legales. Cuando una persona involucrada en un caso no habla español, el Código de Trabajo de Panamá requiere que se designe un intérprete para facilitar la comunicación. La presencia de un intérprete jurado en los tribunales laborales es crucial para garantizar un juicio justo y procesos legales precisos, especialmente cuando existen barreras lingüísticas. A continuación, se detallan las disposiciones clave del Código de Trabajo que destacan la importancia de los intérpretes certificados en los casos laborales.

Artículo 550: Nombramiento de un Intérprete para Personas No Hispanohablantes

El Artículo 550 del Código de Trabajo establece que siempre que se trate de un procedimiento en el que intervenga una persona que no hable español, el tribunal debe designar a un intérprete oficial o ad hoc. Esto garantiza que las personas que no hablan español puedan participar plenamente en los procedimientos legales y comprender el proceso. El intérprete debe firmar la diligencia, confirmando su función en la traducción precisa.

Este requisito subraya la necesidad de intérpretes que no solo cuenten con fluidez en los idiomas correspondientes, sino que también sean competentes en la terminología legal, asegurando que los conceptos legales se traduzcan con exactitud. Los intérpretes públicos autorizados son esenciales para garantizar que las traducciones sean precisas y válidas legalmente.

Artículo 780: Traducción de Documentos Procedentes del Extranjero

En los casos laborales que involucren documentos extranjeros, el Artículo 780 especifica que los documentos redactados en otro idioma deben ser traducidos por un intérprete certificado, conocido como Intérprete Público. En ausencia de un intérprete certificado, el tribunal puede nombrar un intérprete ad hoc para realizar la traducción.

Los intérpretes certificados son especialmente cruciales cuando se manejan documentos de otros países, ya que la validez legal de estos documentos depende de traducciones precisas. La certificación del intérprete asegura que la traducción cumpla con los estándares legales.

Artículo 838: El Rol de los Intérpretes para Personas Sordomudas

El Artículo 838 establece que cuando una persona involucrada en el proceso sea sordomuda o no entienda el idioma español, el tribunal debe nombrar a un intérprete. El intérprete debe prestar juramento de desempeñar fielmente su función. Esto asegura que todas las personas, independientemente de su capacidad para comunicarse en español, tengan acceso a la justicia. En estos casos, los intérpretes deben ser competentes en lenguaje de señas u otros métodos de comunicación no verbal. Los intérpretes certificados son esenciales, ya que están capacitados para manejar estas tareas especializadas.

Los Riesgos de Utilizar Intérpretes No Certificados

Aunque el Código de Trabajo permite el nombramiento de intérpretes ad hoc, depender de personas no cualificadas puede generar problemas importantes. Las traducciones incorrectas pueden distorsionar los procedimientos legales, lo que podría resultar en decisiones injustas. La mala interpretación de testimonios, documentos o acuerdos puede alterar el significado de la evidencia, afectando la equidad del juicio.

Los intérpretes certificados, por otro lado, son profesionales capacitados que son expertos en traducir con precisión tanto las palabras como los significados subyacentes. Su certificación garantiza que comprenden la terminología legal y los procedimientos judiciales. Esto es especialmente importante en los casos laborales, donde los asuntos legales pueden ser complejos y deben ser comprendidos claramente por todas las partes.

Conclusión

En los juzgados de trabajo de Panamá, el uso de un intérprete certificado no es solo una formalidad, sino una parte vital para garantizar la justicia para aquellos que no hablan español. Como se establece en el Código de Trabajo, los intérpretes juramentados son clave para facilitar la comunicación, traducir documentos extranjeros y asistir a personas con discapacidades auditivas. Al cumplir con estos requisitos legales, el sistema judicial de Panamá mantiene la equidad y asegura que todas las personas, independientemente de su idioma, puedan participar plenamente en el proceso legal.

El papel de los intérpretes certificados es fundamental para preservar la integridad del sistema de justicia laboral y proteger los derechos de las personas que no hablan español en Panamá.

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