El Nuevo Código de Procedimiento Civil en Panamá y la Importancia del Traductor Público Autorizado en los Procesos Judiciales
La entrada en vigor del nuevo Código de Procedimiento Civil de la República de Panamá marca un hito en la modernización del sistema judicial panameño. Entre sus múltiples innovaciones, este cuerpo normativo refuerza la necesidad de garantizar la precisión lingüística y la validez legal de los documentos y declaraciones que intervienen en los procesos judiciales, especialmente cuando estos provienen del extranjero o están redactados en un idioma distinto del español.
En este contexto, el traductor público autorizado adquiere una relevancia fundamental como auxiliar de justicia, garante de la exactitud y fidelidad de las traducciones que sirven de base para la toma de decisiones judiciales.
1. La obligatoriedad del idioma español en los actos judiciales
El Artículo 166 del Código de Procedimiento Civil establece claramente que “toda actuación judicial se efectuará en idioma español”. Asimismo, los documentos que acompañen demandas, contestaciones, recursos o peticiones y que estén redactados en otro idioma deben presentarse con su traducción al español dentro de los diez días siguientes a su recepción.
Esta disposición no solo asegura la uniformidad del idioma en los tribunales, sino que también busca evitar interpretaciones erróneas o ambigüedades que pudieran afectar el debido proceso. Para cumplir con este requisito, las traducciones deben ser realizadas por un traductor público autorizado en Panamá, conforme lo exige la normativa vigente.
2. Pruebas y documentos provenientes del extranjero
El Artículo 421 regula la práctica de pruebas en el extranjero y permite que los testimonios o dictámenes periciales rendidos por personas fuera del país se presenten en el idioma original. Sin embargo, la parte que las ofrezca deberá acompañarlas de su traducción al español efectuada por un traductor público autorizado de la República de Panamá.
De esta manera, el Código garantiza que los tribunales panameños puedan valorar con certeza las pruebas extranjeras, preservando la autenticidad del contenido y respetando los principios de inmediación, contradicción y concentración procesal.
3. Validez de documentos otorgados en el extranjero
El Artículo 480 amplía la regulación respecto a los documentos otorgados en el exterior, los cuales serán admitidos como prueba siempre que estén apostillados o debidamente autenticados conforme a los tratados internacionales ratificados por Panamá.
No obstante, si estos documentos se encuentran en un idioma distinto del español, solo podrán ser apreciados como prueba si van acompañados de su correspondiente traducción realizada por un traductor público autorizado o, en su defecto, por un traductor designado por el tribunal.
El Código incluso prevé la posibilidad de impugnar una traducción por error sustancial, en cuyo caso las partes y el juez podrán designar nuevos intérpretes o peritos lingüísticos. Esta previsión subraya la importancia de la fidelidad terminológica y conceptual en la labor del traductor.
4. Cooperación judicial internacional y traducción
El Artículo 681 aborda la cooperación judicial internacional, permitiendo que los jueces panameños atiendan solicitudes de auxilio judicial provenientes de autoridades extranjeras, siempre que no sean contrarias al orden público.
Cuando los documentos remitidos en el marco de estos exhortos o comisiones internacionales estén redactados en otro idioma, el juez deberá ordenar su traducción al español a costa del interesado antes de poder darle trámite. De nuevo, el papel del traductor público autorizado se torna esencial para asegurar que la cooperación internacional se realice con transparencia y exactitud jurídica.
5. La función del traductor público como garante del debido proceso
El traductor público autorizado no solo convierte un texto de un idioma a otro: actúa como un auxiliar de la administración de justicia, cuyo trabajo tiene efectos legales y probatorios. Su firma y sello confieren autenticidad a las traducciones y garantizan que el contenido traducido sea fiel al original, sin alteraciones ni interpretaciones subjetivas.
En los procesos judiciales donde intervienen documentos extranjeros, declaraciones en otros idiomas o pruebas rendidas fuera del país, la intervención de un traductor certificado evita nulidades, retrasos procesales y posibles impugnaciones.
Conclusión
El nuevo Código de Procedimiento Civil de Panamá refuerza el principio de seguridad jurídica al establecer normas claras sobre el uso del idioma español en los procesos judiciales y la presentación de documentos extranjeros.
En este marco, el traductor público autorizado se consolida como un actor indispensable en la administración de justicia, asegurando que la comunicación entre idiomas no se convierta en una barrera, sino en un puente que garantice la correcta aplicación del derecho, el respeto al debido proceso y la eficacia de las decisiones judiciales.
¿Necesita una traducción certificada para sus trámites legales o judiciales en Panamá?
📞 +507 6290-3468 | ✉️ info@certifiedtranslatorpanama.com